Hoy, 8 de agosto, dos años ya de la declaración del Día Nacional de la Accesibilidad en el Perú por el Congreso de la Repúbblica. Una iniciativa que como muchas, porta el sello de la buena intención y en no poca medida, la corrección política, pero que a tenor de lo que puede verificarse no ha tenido el impulso y la ejecutoría que la relevancia del tema reclama.
La letra de la ley es elocuente y, cómo no, justa. Habla de "toma de conciencia", de "medidas que garanticen la accesibilidad física, comunicacional y digital". Una pieza legislativa que, en el papel, eleva el tema de la accesibilidad a auténtica preocupación, e incluso parece colocarnos como una sociedad que aspira a la inclusión. Toda una declaración de intenciones impecable.
Pero hoy, dos años después, corresponde conocer qué pasos se han dado en materia de políticas públicas, en materia de institucionalidad, que aseguren que no solo los cerca de cuatro millones de peruanos con alguna discapacidad, sino el casi millón y medio de peruanos con discapacidad visual, pueden experimentar menos barreras a las que experimentaban antes de esta fecha significativa.
La cuestión cruda y real es que una persona con discapacidad en 2025 sale a la ciudad y se encuentra con las mismas o incluso nuevas barreras en el entorno. Semáforos que no ofrecen indicaciones, aceras interrumpidas por obstáculos que obligan a arriesgar la vida en la calzada. rampas que son auténticos monumentos a la pendiente imposible o un transporte público que tratan a las personas con discapacidad como una idea de último momento. Y en los entornos digitales, una supuesta tierra prometida de la igualdad, y el panorama no es muy distinto. Portales del Estado que son fortalezas inexpugnables para un lector de pantalla. Trámites en línea que se convierten en callejones sin salida. Y en el horizonte, la amenaza inminente de un sistema de voto electrónico nacional que, de seguir por su senda actual, corre el riesgo de convertirse en una experiencia más de exclusión.
¿Qué ha fallado?
El diagnóstico no puede ser superficial. No es solo una cuestión de presupuesto; es una crisis de perspectiva. El problema de fondo es que la accesibilidad en el Perú sigue siendo tratada como un apéndice, un "gasto social" que se añade con buena voluntad al final de un proyecto, en lugar de ser lo que es: un pilar fundamental del buen diseño y de la ingeniería de calidad.
Una rampa no es un decorado de modernidad; es parte de la definición de una acera bien hecha. Un sitio web accesible no es una "versión para ciegos"; es un sitio web bien programado. Un sistema de votación inclusivo no es un acto de corrección política; es en el fondo garantía de su legitimidad democrática.
Sin embargo, este día no tendría que ser una denuncia o llamado a lo que falta, sino un llamado a la acción. Debe ser edificante.
La ley, aunque por ahora invisible en su aplicación, nos ha dado algo invaluable, a saber, un mandato que Proporciona identidad al tema y la legitimidad para construir, para diseñar y para exigir.
El futuro de la accesibilidad en el Perú no se construirá únicamente con declaraciones o conmemoraciones. Se construirá y se construye con diseños realmente universales, con procedimientos verdaderamente inclusivos, con capas de accesibilidad desde el corazón de los sistemas, con el componente de accesibilidad adoptado tempranamente y no como un parche o arreglo posterior.
Una fecha como esta, ‘Día Nacional de la Accesibilidad’ no tendría que ser, pues, un canto a la bandera, un brindis al sol por una ley durmiente, sino el recordatorio de que tenemos una promesa por cumplir, un desafío que espera a todos, y que además, merece ser encarada.