LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LA ACCESIBILIDAD EN LIMA

La imagen muestra un bastón americano de cinco cuerpos, que está plegado y em su bolsa sellada.

ATU

En el siglo XXI la movilidad se presenta como un derecho fundamental, pero para millones de personas con discapacidad en el mundo, acceder a un transporte mínimamente aceptabble sigue siendo un desafío insalvable.

A nivel global, la realidad es heterogénea. Ciudades como Londres y Nueva York son ejemplos de flotas de taxis accesibles y marcos legales sólidos, mientras que Tokio ha apostado por el «Diseño Universal» en sus vehículos. Sídney, a su vez, se destaca por la capacitación a sus conductores y los subsidios. Los grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos, a menudo actúan como auténticos aceleradores de estas reformas. Sin embargo, en otras capitales como París y Berlín, el enfoque en la accesibilidad de taxis para discapacidades sensoriales se presenta limitada, pero lo es en gran medida debido a que el énfasis de accesibilidad y diseño universal fue puesto en el transporte público masivo.

En Lima Metropolitana, la situación del transporte, especialmente para público con discapacidades sensoriales sigue siendo un problema desatendido. A pesar de que la Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 garantiza el derecho al transporte inclusivo, las condiciones reales al que se enfrentan las personas con discapacidad visual o auditiva representan todavía un desafío que se suma al conjunto de barreras que ya de por sí enfrenta este sector de la población con discapacidad.

La oferta, para el sector de personas con discapacidad sensorial, es escasa y costosa, y en no pocos casos se convierte en un tema de inseguridad añadida a las condiciones de inseguridad que presenta el país en 2025. Se estima que cerca de 475,000 personas con discapacidad motriz, visual o auditiva se ven afectadas. A menudo, recurren a servicios no adaptados, arriesgándose a sufrir lesiones o maltratos por la falta de sensibilización.

Por su parte, el Plan Nacional de Accesibilidad (PNA) 2018-2023 buscaba adecuar progresivamente el entorno y el transporte para alcanzar estándares mínimos de accesibilidad. Sin embargo, su implementación no ha mostrado indicadores identificables en este terreno. La oficina respectiva en el Ministerio de Vivienda no parece haber impulsado suficientemente el tema en las entidades del estado que tienen que ver tanto con el tema del transporte público como con los vinculados a poblaciones vulnerables, en particular con el tema de la discapacidad. Las iniciativas existentes son pocas y requieren una planificación exhaustiva, lo que deja a una gran demanda insatisfecha.

El reto de la accesibilidad sensorial

Las personas con discapacidad visual enfrentan desafíos únicos: desde identificar un taxi disponible hasta la necesidad de información audible, señalización táctil y asistencia en la orientación. La comunicación con conductores no sensibilizados en entornos ruidosos añade otra capa de complejidad.

Mientras en la ciudad de Londres se incluye en sus taxis características como manijas de colores contrastantes y exige el transporte de perros de asistencia, la información específica para personas con discapacidad visual en otras metrópolis parece presentarse como «menos detallada» o «limitada». Lo que subraya la necesidad de medidas más específicas y una formulación que considere las necesidades del ciudadano con discapacidad para asegurar que dichas medidas aporten el valor para el que han sido adoptadas.

Algunas iniciativas como «Ergomóvil» en Lima, con vehículos que presentan adaptaciones interesantes,como señalización sonora, visual y en sistema braille, material de lectura y Wi-Fi, así como conductores capacitados en comunicación con personas con discapacidad visual así como aplicaciones móviles accesibles, demuestran un gran potencial.

Sin embargo, sería deseable que estas iniciativas privadas no se queden en unos pocos distritos de alto nivel socioeconómico. Para lo cual se necesita una gestión pública que realmente adopte un enfoque integral, que incorpore una auténtica visión de lo público, adoptando normativas integrales, diseño universal, capacitación continua, tecnologías asistivas, subsidios y una colaboración activa con las organizaciones de personas con discapacidad. Solo por este camino se puede lograr una movilidad urbana verdaderamente inclusiva, que además se pueda extender al resto de las ciudades del Perú.

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